El 24 de enero del año 2003, Alfredo Galán Sotillo salió de su casa con la intención de dar una vuelta por Madrid y, cuando encontrara una condición favorable, matar a alguien. A cualquiera. Al llegar a una calle céntrica vio una portería abierta y entró. Allí encontró a un hombre dando de comer a su hijo pequeño. Le pidió que se arrodillara y, ante la mirada del niño, lo ejecutó. Aquella fue la primera de las nueve víctimas del que se convertiría en uno de los criminales en serie más buscados en España, apodado por la prensa como El Asesino de la Baraja. Armado con una pistola Tokarev TT-33 que trajo a España de su paso como militar por Bosnia, y a pesar de un exhaustivo seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un cúmulo de casualidades lograron que eludiera la justicia. El 3 de julio del 2003 decidió entregarse en la comisaría de la Policía Local de Puertollano. El lugar que le vio nacer. Tras cambiar sus declaraciones en varias ocasiones, Alfredo Galán Sotillo fue condenado a un pago de 609.182 euros por daños morales y lesiones, así como a una pena de prisión de ciento cuarenta y dos años. En menos de diez años estará libre.